La Consejería de Justicia e Interior va a eliminar 226.806 expedientes judiciales antiguos, carentes de valor, guardados en 6.716 cajas, con el objetivo de liberar espacios de los archivos de los juzgados de la provincia de Málaga, según ha informado el delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo.
La eliminación de los expedientes, que se llevará a cabo el mes próximo, se efectuará tras el acuerdo adoptado por la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para la destrucción selectiva de aquella documentación carente de valor de los órganos judiciales de la comunidad.

Estos expedientes se unen a los 201.051 que ya se destruyeron en una primera fase procedentes de juzgados de la capital y de Coín, con lo cual serán ya más de 427.000 los archivos judiciales que van a ser eliminados en esta provincia próximamente, según ha explicado Ruiz Espejo, a través de un comunicado.

Los documentos judiciales obsoletos que van a ser destruidos próximamente en esta provincia proceden de 15 juzgados de Instrucción de la capital malagueña, además de los juzgados números 1, 2 y 3 de Primera Instancia e Instrucción de Estepona y del juzgado número 9 de Instrucción de Torremolinos, según han apuntado.

La primera destrucción masiva de esta documentación judicial carente de valor se llevó a cabo en seis provincias andaluzas, entre ellas la de Málaga, y los expedientes eliminados correspondían a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los años 70, 80 y 90. Ahora, este proyecto de eliminación de estos archivos se extiende a todas las provincias, tras el último acuerdo de la Junta de Expurgo.

Esta destrucción selectiva ha sido fruto del acuerdo de la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para ordenar y analizar la documentación susceptible de ser eliminada o conservada, garantizando siempre la confidencialidad de los archivos.

La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidida por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario.

Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico, según han explicado desde la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga.

CRITERIOS Y OBJETIVOS

Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar es su interés judicial e histórico, para lo que se cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte, que tiene un papel “relevante” en la aprobación de las correspondientes tablas de valoración.

De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquélla que posea un relieve social, económico, político o cultural, han manifestado desde la Junta de Andalucía.

El TSJA ha valorado la destrucción de documentos judiciales y ha puesto de relieve la necesidad de seguir potenciando esta iniciativa del Gobierno andaluz. La Junta, por su parte, ha subrayado la labor realizada por los secretarios judiciales y los funcionarios de auxilio judicial que colaboran con los técnicos de archivo de la Consejería de Justicia e Interior.

El objetivo fundamental de esta iniciativa es liberar espacio en los archivos y tribunales, así como profundizar en el proyecto de modernización de la Junta “para potenciar la progresiva eliminación de documentación que no tiene ningún valor y avanzar en el camino hacia una Justicia digital sin papeles”. De esta forma, se logra un ahorro de costes y de tiempo, y se contribuye a la protección del medio ambiente.

Este proyecto se encardina también en la definición de un modelo único de tratamiento y gestión documental, que haga posible el control y acceso a la documentación judicial desde su creación hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico. En esta línea de trabajo se encuentra el proyecto JARA, implantado por la Junta en Sevilla, y que se ampliará al resto de Andalucía, para gestionar los archivos de documentación judicial.

La FGR allanó el viernes las instalaciones de la desaparecida oficina jurídica del Arzobispado

El Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, reiteró ayer en conferencia de prensa que el archivo de denuncias de casos de violaciones a los derechos humanos es propiedad de la Iglesia Católica, por consiguiente, propiedad privada, y que no lo entregará a nadie.

Escobar Alas expresó lo anterior luego de que el viernes pasado fuera “sorprendido” por la repentina visita de personal de la Fiscalía General de la República (FGR), que allanó las instalaciones de la disuelta Tutela Legal.

“No vamos a permitir a nadie sustraer los archivos ni sustraer ninguna de sus partes”, advirtió ayer el jerarca católico en su tradicional conferencia de prensa dominical, debido a que los elementos fiscales señalaron que la finalidad del allanamiento era incautarse de los archivos existentes en la desaparecida oficina.

De acuerdo con el Arzobispo, la Fiscalía le explicó que la acción fue realizada con el fin de garantizar la protección de los documentos, ya que tiene casos abiertos y que supuestamente hay información sobre esos casos en los archivos de Tutela Legal.

La Fiscalía agregó, como parte de las explicaciones, que por ley están obligados a custodiar la cadena de información y que por eso se incautarían de los documentos de la cerrada oficina; sin embargo, monseñor declaró ayer que: “Ellos (Fiscalía) hablaron de incautar y secuestrar los archivos, pero hablamos y han quedado resguardados”.

“Si alguna institución tiene la potestad de guardar los archivos es la Iglesia, más que cualquier otra institución (…) La persona que solicite abrir un expediente deberá legitimar la razón”, añadió monseñor.

Protección a las víctimas

Escobar Alas justificó que el archivo es propiedad de la Iglesia, porque las víctimas han confiado en la Iglesia por más de 30 años para resguardar en total confidencialidad los datos de las víctimas de los casos denunciados.

El arzobispo enfatizó ayer en el deber que tiene la Iglesia de proteger la confidencialidad de las víctimas de aproximadamente 50 mil casos.

El jerarca católico indicó que tras hacer ver a la FGR que no permitirían que se llevaran ni un solo documento, ellos coincidieron en la propuesta que se les hizo de que podían inspeccionar los archivos sin ver ningún documento, para lo cual fueron acompañados por personal de la Iglesia.

“Que el mundo sepa que el archivo es de la Iglesia”

También desmintió ayer, durante la conferencia, que la Iglesia quiera proteger a gente de la izquierda que fue denunciada por violación a los derechos humanos durante el conflicto armado.

“Es absolutamente falso, es una calumnia decir que se quiere proteger a gente de la izquierda que cometió violaciones a los derechos humanos”, puntualizó el religioso.

Siempre en ese sentido, aseguró que había intereses de querer arrebatarle el archivo de Tutela Legal a la Iglesia.

“Vemos que de alguna forma se le está queriendo quitar el archivo (a la Iglesia), pero ya llegó el momento de decirle al mundo que el archivo es de la Iglesia”, puntualizó.

Escobar Alas dijo que si bien los archivos de Tutela Legal no son una confesión sacramental, la Iglesia salvadoreña está resuelta a resguardar y defender, en primer lugar, la identidad de las víctimas y, en segundo, la seguridad de las mismas.

“Vamos a tener el personal especializado para dar la información que sea pertinente de cada caso, pero siempre en beneficio de las víctimas. El archivo tiene esa finalidad. Vamos a tener ese cuidado de que la información vaya a las manos de las personas que quieran ayudar a las víctimas”, destacó.

El cierre de Tutela Legal fue anunciado el 30 de septiembre recién pasado, por el mismo arzobispo, quien ha dado tres versiones diferentes sobre las razones que motivaron el cierre.

Autor: Jorge Beltrán Luna

El Hospital Militar acogerá hasta la próxima semana el material mojado para que se seque

Tres técnicos del Archivo Histórico Provincial vigilan los aparatos termohidrómetros instalados en el área de rehabilitación del Pabellón 2 del Hospital Militar. En estas dos salas, cerradas para el uso sanitario como todo el pabellón contiguo al Centro de Salud de Las Huelgas, se han dispuesto en mesas los documentos que, a principios de mes, se dañaron con la tormenta que rompió el techo de las dos naves de Villalonquéjar que albergan parte del Archivo.

Todo el material se ubica en la primera sala de rehabilitación y en la segunda donde está la antigua piscina de recuperación. Los técnicos vigilan que el ambiente de las dos salas mantenga una temperatura constante de entre 15 y 21 grados y una humedad que puede oscilar entre el 45% y el 65%. Son las condiciones de temperatura y humedad relativa con las que se quiere finalizar la próxima semana el proceso de secado de estos papeles. El traslado se realizó el pasado 11 de octubre al considerar los responsables la necesidad de habilitar pequeñas salas para que el proceso de pérdida de humedad fuera más rápido y no dañara ningún papel. Una vez que el material esté seco volverá a su ubicación habitual donde ya se ha realizado una reparación de urgencia del techo para evitar que se produzcan filtraciones.

La inundación perjudicó el pasado 4 de octubre las naves. La granizada rompió el techo permitiendo que la lluvia pasara a las cajas que continenen toda esta información relativa a documentos de Patrimonio y otras áreas de la administración regional. También papeles estatales y algunas publicaciones específicas. Todos estos documentos se corresponden con los años 80 y 90 y están informatizados. Aún así la documentación en papel se archiva por parte de las administraciones por si fuera necesaria su consulta o se perdieran datos en el archivo digital. Los cálculos realizados por los responsables de la Administración regional en Burgos creen que la tormenta dañó el 0,4% del contenido total que se guarda en estas dos naves. Una es propiedad de la Junta de Castilla y León y otra la alquila el Ministerio de Cultura. En estas naves se encuentran depositados documentos que pueden ser de todo tipo desde los más antiguos hasta los del año pasado. Los libros e incunables se encuentran en la Biblioteca Pública, en una sala estanca e independiente. Los documentos más antiguos y los de consulta frecuente para los investigadores se ubican en la sede provisional del Arhivo en la calle Antonio de Cabezón que durante estos días está cerrada al público.

Vanguardia / Saltillo, Coahuila.− El Archivo Municipal de Saltillo recibió de manos de la directora del Archivo General de la Nación, María de las Mercedes de Vega Armijo, el Premio Nacional al Mérito Archivístico, categoría Premio Institucional “Lucas Alamán”, entregado en una ceremonia en San Luis Potosí.

Con el galardón se reconoce el desempeño que el Archivo Municipal ha realizado a través de su Programa de Difusión sobre la riqueza documental y la estrecha vinculación que ha mantenido con la ciudadanía a través de diversas actividades, lo que es un orgullo para la ciudad, señaló el alcalde Jericó Abramo Masso.

El premio es otorgado por el Archivo General de la Nación y el Consejo Nacional de Archivos.

Tras recibir el galardón, Patricia Gutiérrez Manzur, directora de la institución, manifestó que este reconocimiento pertenece a todos y cada uno de los saltillenses por haber sido obtenido no sólo gracias al apoyo de quienes laboran en el Archivo Municipal y a las autoridades, sino también a la ciudadanía que asiste y participa en los eventos del Archivo y a través de sus redes sociales.

“Este programa de difusión que ha impulsado el alcalde Jericó Abramo Masso ha contribuido a abrir las puertas de la institución a la comunidad y a sacar al propio Archivo a la calle como sucede con el pabellón que hemos estado montando en las últimas ediciones de la Feria del Libro y los stands que se han instalado los fines de semana en diversos puntos de la ciudad”, expuso Gutiérrez Manzur.

El premio es considerado la distinción más importante que la federación otorga al quehacer archivístico.

El galardón fue entregado en una ceremonia especial en el marco de la 35 Reunión Nacional de Archivos, en el auditorio del Centro Cultural Universitario Bicentenario de la ciudad de San Luis Potosí, ante la presencia de los miembros del Consejo Internacional de Archivos, archivistas y directivos de todo el país.

El Comité dictaminador, conformado por especialistas del propio Consejo Nacional de Archivos, evaluó la trayectoria del Programa de Difusión del Archivo Municipal de Saltillo, así como los alcances y beneficios de sus acciones que han promovido el acceso a la información de los documentos, la promoción y fortalecimiento de la cultura archivística a través de la difusión en medios electrónicos, la trascendencia de las acciones realizadas y su contribución al desarrollo archivístico, y la originalidad de los programas desarrollados.

“Esto va de la mano con la voluntad de democratizar el acceso a la información, de dar a conocer la meritoria significación de la documentación histórica y de prestigiar la función archivística y sus contenidos como fuente de conocimiento”, manifestó Gutiérrez Manzur.

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de Industrias Creativas y del Libro, organiza en colaboración con la Asociación de Archiveros de Andalucía las I Jornadas Técnicas de Formación para Archivos de la Administración Local.

El objetivo es mejorar la formación de los responsables de estas instituciones. Los cursos girarán en torno a dos temas de actualidad como son la actuación frente a un desastre y la gestión de documentos electrónicos.

Respecto al primero de los cursos, ‘Actuación frente a un desastre en archivos’ ofrecerá pautas para enfrentarse a cualquier suceso infortunado y permitirá confeccionar un adecuado plan de prevención y actuación en caso de siniestro.

Cabe destacar la importancia que tiene para el conjunto del patrimonio cultural y, en este caso, para el patrimonio documental, el establecimiento de medidas preventivas que eviten o aminoren sucesos de la magnitud y tragedia como el acontecido recientemente por el incendio del Archivo Municipal de Los Palacios (Sevilla). Y en caso de producirse, poder contar desde el primer momento con un protocolo claro de actuación por parte de todos los agentes que intervienen.

Por otro lado, la implantación obligatoria de la administración electrónica en las administraciones públicas, y su adaptación al Esquema Nacional de Interoperabilidad, exige una renovación del bagaje conceptual, técnico y metodológico del personal técnico de archivo, que son los sujetos esenciales de esta auténtica revolución administrativa.

Esta imposición tecnológica determina el segundo de los cursos propuestos: ‘Introducción a la gestión de documentos electrónicos’, que tiene por objetivo principal ilustrar a profesionales y responsables a través de la normativa legal y técnica, así como proporcionar unas prácticas de actuación concretas.

La Iglesia Católica alemana anunció este martes que publicará los diarios del cardenal arzobispo de Múnich Michael von Faulhaber (1869-1952) con el objetivo de arrojar una nueva luz sobre su papel durante el régimen nazi. Así lo anunció hoy en rueda de prensa en Múnich el actual Arzobispo de la ciudad, el cardenal Reinhard Max, quien apostó por apoyar esta iniciativa, ya que “nada de lo que los archivos saquen a la luz puede dañar más a la Iglesia que la sospecha de que queremos callar o encubrir algo”.

Faulhaber, que ocupó la sede episcopal muniquesa durante el periodo nazi (1933-1945) y fue uno de los purpurados más cercanos del Papa Pío XII (1939-1958), cuyo pontificado cubrió toda la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), alabó abiertamente en varias ocasiones al líder nazi, Adolf Hitler.

De hecho, cuando en 1939 se cometió un atentado fallido contra Hitler en Múnich, el cardenal Faulhaber se congratuló en un telegrama de que la “providencia divina” le hubiese permitido sobrevivir. Sin embargo, Max descartó calificar a Faulhaber como seguidor del gobierno nazi y explicó que, al contrario, el prelado “no era considerado entre los nacionalsocialistas como alguien con el que se pudiese contar”.

De la pluma de Faulhaber salió gran parte de la información usada en 1937 por el Papa Pío XI (1922-1939) en su encíclica “Mit brenender Sorge” (“Con ardiente preocupación”), en el que este trató sobre la situación de acoso en la que se encontraba la Iglesia Católica bajo el régimen nazi.
La publicación online de los diarios se enmarca en un proyecto de una asociación de investigadores alemanes, que financiará inicialmente la edición por tres años con 800.000 euros, aunque se estima que el proyecto necesitará, debido al volumen de información, de doce años para ser completado.

Los manuscritos contienen referencias a 52.000 visitas y charlas entre 1911 hasta 1952, que abarcan desde los últimos años del Imperio Alemán a los primeros de la República Federal Alemana. Hasta 2010 los documentos habían permanecido bajo la cama del último secretario de Faulhaber, Johannes Maxenberger, quien no quiso darlos a conocer hasta su muerte.

El investigador del Instituto de Historia Contemporánea de Múnich y Berlín, Andreas Wirsching, y el experto en historia de la Iglesia Hubert Wolf, encargados de la edición, calificaron el hallazgo como “una fuente excepcional” que puede arrojar una visión panorámica de una época convulsa.

Cuando el hecho de compartir música en línea despegó en la década de 1990, muchas empresas acudieron al software de gestión de derechos digitales (DRM, por sus siglas en inglés) como una forma de restringir lo que se podía hacer con los archivos MP3 y otros archivos de música, para acabar rindiéndose después de que el método resultara ineficaz y tremendamente impopular.Ahora, el asesor sénior del director ejecutivo de Microsoft, Craig Mundie, ha resucitado la idea, proponiendo emplear una forma de DRM para impedir el mal uso de los datos personales.

En una ponencia en la conferencia en EmTech de MIT Technology Review en Cambridge, Massachusetts (EEUU), Mundie afirmó que es necesario un nuevo método porque en la actualidad la gente no tiene ninguna forma de estar segura sobre cómo se usarán los datos que comparten con las empresas.

Mundie explica: “Hay demasiada información que se está recogiendo de tantas formas, y en muchos casos sientes que no has tenido un papel en la transacción concreta”. Y añadió:”Ahora que estamos siendo observados, ya sea por motivos comerciales o por otras actividades, hay que pasar a un nuevo modelo”.

El asesor, que hasta finales del año pasado estuvo al cargo del ala de investigación de Microsoft como director de investigación y estrategia, cree que un sistema de tecnología DRM, acompañado por leyes y reglamentos que obliguen a su cumplimiento, podría ser la respuesta. “Creo que vamos a tener que tener una forma de controlar esto basada en el uso”, sostuvo. “Una forma de hacerlo es colocar envoltorios criptográficos alrededor de las cosas que controlan los usos de estos datos”.

En el modelo imaginado por Mundie, las aplicaciones y los servicios que quisieran hacer uso de datos sensibles, por ejemplo el genoma de una persona o su localización actual, tendrían que registrarse con las autoridades. Una autoridad central distribuiría llaves de encriptado a las aplicaciones, permitiéndolas acceder a datos protegidos en las formas aprobadas por los dueños de los datos.

El uso de envoltorios criptográficos aseguraría que una aplicación o servicio no pudieran usar los datos de ninguna otra forma. Pero el sistema tendría que apoyarse en nueva legislación. Mundie se explicaba así: “Quieres poder decir que existen penas legales sustanciales para cualquiera que desafíe las reglas respecto a los metadatos. Yo haría que subvertir esos mecanismos se considerara delito”.

Mundie puso el ejemplo de una aplicación móvil que solicita permiso para acceder a la geolocalización de una persona a través de la información que dan los sensores de un teléfono. “En la actualidad, la aplicación no tiene que decir qué va a hacer con esos datos”, afirmó. “Si la aplicación te tuviera que decir qué va a hacer con los datos, podrías tomar una decisión informada sobre si te gusta la aplicación o no”.

Mundie también explicó que los datos médicos se podrían proteger de esta manera. Sugirió que estas medidas serán necesarias cuando aumente la importancia de la información genética y genómica personal en la medicina.

Debates mantenidos en Microsoft, con legisladores estadounidenses y con otras grandes empresas y gobiernos a través del Foro Económico Mundial, sugieren que este enfoque se aceptaría en todo el mundo. Sin embargo, el asesor no compartió detalles de esfuerzos específicos que hubieran hecho Microsoft o cualquier otra organización para desarrollar o probar el modelo.

Aunque se refirió al uso del DRM para proteger archivos de media, Mundie evitó mencionar que esta tecnología fracasó a la hora de impedir compartir música de forma ilegal. Sin embargo, aquello se debió, en parte, a la facilidad para hacerse con versiones desprotegidas de los archivos, copiadas de CD y distribuidas vía redes P2P como Napster y BitTorrent.

No es probable que suceda lo mismo con el genoma de una persona o sus datos de geolocalización, aunque es evidente que el plan de Mundie daría a los actores con malas intenciones incentivos para intentar vencer al encriptado.

Es probable que muchos negocios existentes que dependen de los datos personales se opongan a la propuesta de Mundie. Admitió que algunos tipos de datos son tan útiles que probablemente quedarían exentos de cualquier restricción. “Creo que esto acabará yendo en los dos sentidos”, afirmó. “Predigo que veremos que hay determinadas clases de datos que son tan importantes para la sociedad por motivos de sanidad, educación o seguridad que nadie podrá negarse”.