El intercambio de archivos es indisociable de la privacidad en internet: para poner fin a uno, habría que eliminar el otro, afirmó la líder del Partido Pirata sueco en una entrevista a RT.“Para detener el intercambio de archivos, alguien debe saber todo sobre lo que enviamos y recibimos por internet”, señala Anna Troberg, que lidera el partido que lleva años apoyando el motor de búsqueda y ‘tracker’ de ficheros The Pirate Bay. 

Hoy día la red mundial nos sirve para todo, recuerda Troberg: trabajamos, buscamos pareja, compramos, nos relacionamos con los amigos en internet… “El monitoreo de todo ello sería una gran violación de la intimidad”.

Las leyes sobre derechos de autor son obsoletas, sostiene Troberg. “El mundo ha cambiado mucho en los últimos 10-15 años, internet ha crecido no solo en Europa y EE.UU., sino también en todos los países. Las leyes deben cambiar: hay que permitir a la gente compartir los materiales protegidos con derechos de autor”.

El problema para todos los que valoran su intimidad es que los políticos no quieren afrontar estos cambios, sostiene Anna Troberg: “Para que haya debates políticos necesitamos un diálogo, no podemos debatir con nosotros mismos”.

Tras varias peticiones de desclasificación de documentos, el Servicio Secreto de Estados Unidos ha abierto el archivo sobre Aaron Swartz y han liberado un centenar de páginas relativas a la investigación.

Aunque han pasado alrededor de 8 meses de la muerte de Aaron Swartz, es importante que no olvidemos ni su legado ni tampoco el proceso legal al que fue sometido tras ser acusado de “crímenes informáticos” por descargar 4 millones de artículos científicos de JSTOR desde la red del MIT. Hace justo dos semanas, el MIT publicó los resultados de su investigación interna que analizó el papel de la institución en el caso Swartz y en su muerte; un informe que aunque no arregla nada sirve para arrojar algo más de luz sobre este caso. Aún falta mucho para que sepamos toda la verdad de este caso pero parece que, poco a poco, se van desclasificando documentos puesto que el Servicio Secreto de Estados Unidos ha hecho públicas 100 páginas de su archivo sobre Aaron Swartz.

¿El Servicio Secreto de Estados Unidos tenía un archivo sobre Aaron Swartz? Dicho así, la verdad, parece que estemos alimentando alguna “teoría de la conspiración”; sin embargo, además de proteger al Presidente de Estados Unidos, entre las funciones del Servicio Secreto se encuentran las investigaciones de fraude y robo de identidad o la falsificación de moneda (aunque también realizan “otras actividades” que no son públicas).

Teniendo en cuenta este contexto, la investigación de la descarga masiva de documentos de JSTOR pasó por las manos del Servicio Secreto al haberse catalogado como un fraude informático y haberse utilizado de manera fraudulenta la red del MIT. Aunque el Gobierno de Estados Unidos atesora alrededor de 15.000 páginas sobre Aaron Swartz, el Servicio Secreto solamente ha desclasificado 104 páginas de su expediente que cubren aspectos relacionados con el caso de JSTOR, el suicidio de Swartz y, lo más curioso, algunas actuaciones de Swartz que tuvieron lugar en el año 2008.

En el año 2008, Aaron Swartz intervino en la redacción de un documento llamado “Guerilla Open Access Manifesto” que escribió estando en Italia. Si bien este manifiesto es anterior a la descarga de documentos de JSTOR, su llamamiento al acceso abierto a la información se consideró como un hecho relacionado con el caso y el Servicio Secreto (junto a la Policía de Cambridge) visitó a un amigo de Aaron Swartz para recabar información sobre sus ideales políticos. En los papeles desclasificados también se pueden observar anotaciones relativas al registro realizado por el Servicio Secreto a la casa de Aaron Swartz en Cambridge en el mes de febrero, poco después de su primer arresto por la policía.

¿Y cómo es que el Servicio Secreto ha desclasificado esta información? Como nos podemos imaginar, esto no es algo casual. Kevin Poulsen puso en marcha un proceso para solicitar, en base al Acta de Libertad de Información, que se desclasificasen los documentos relativos al caso de Aaron Swartz y, por tanto, fuesen de dominio público. Tras una petición denegada, Poulsen ha luchado en los tribunales y ha conseguido que un juez le dé la razón y se desbloquee el acceso aunque, eso sí, en las palabras del propio Poulsen (que ha sido el encargado de relatarlo en Wired) se estima que tardarán unos 6 meses en lograr que las 15.000 páginas sobre Swartz sean desclasificadas.

La SFO envió de manera accidental a la persona equivocada un total de 32.000 páginas de documentos y 81 cintas de audio

La Oficina británica contra el Fraude (SFO) admitió hoy que durante varios meses extravió decenas de miles de documentos relacionados con una investigación sobre el gigante de defensa BAE Systems.

La SFO, un departamento gubernamental que funciona de forma independiente, reveló que en 2012 envió de manera accidental a la persona equivocada un total de 32.000 páginas de documentos y 81 cintas de audio procedentes de 59 fuentes. El 90 por ciento de ese material, parte de una investigación que llevaba a cabo esa oficina sobre contratos adjudicados a BAE, ha sido recuperado y ninguno de los datos guarda relación con la seguridad nacional, según apuntó hoy un portavoz del SFO en un comunicado.

La admisión de la Oficina ha provocado fuertes críticas del principal partido de la oposición, el Laborista, que lo consideró una «incompetencia del Gobierno de primera magnitud». «¿Cómo ha ocurrido esto? ¿De qué categoría de documentos estamos hablando? ¿Quién los recibió por error? ¿Cuánta evidencia se ha destruido? ¿Qué está haciendo el Gobierno para asegurarse de que no volverá a ocurrir?», se preguntó hoy la diputada laborista Emily Thornberry.

Los documentos enviados al destinatario erróneo estaban relacionados con una pesquisa que la SFO abrió sobre BAE en 2004, en relación con contratos con países como Arabia Saudí, la República Checa, Rumanía y Suráfrica.

La investigación que la SFO llevaba a cabo sobre Arabia Saudí fue suspendida en diciembre de 2006 en aras del interés de la seguridad nacional. En febrero de 2010, BAE llegó además a un acuerdo con el ministerio de Justicia de EEUU con relación a contratos gestionados con Arabia Saudí y otros países del este y centro de Europa y con Tanzania.

El gigante británico de la defensa fue multado en diciembre de ese año con 500.000 libras (580.900 euros) por el tribunal británico de Southwark después de haber admitido que no archivó de manera adecuada información relacionada con un contrato de defensa para el suministro de sistemas de control de tráfico aéreo con el Gobierno de Tanzania. La SFO tan solo se percató de la pérdida de esos datos confidenciales -que se extraviaron entre mayo y octubre de 2012- el pasado mayo.

Un portavoz de la oficina antifraude señaló hoy que «cualquier pérdida de datos supone un asunto grave y la SFO ha adoptado medidas para asegurarse de que no se enviará más material de manera equivocada»

Es urgente que el Gobierno instale la comisión asesora para la depuración de los archivos de inteligencia.
Cada vez parece más claro que la verdad será el eje de gravedad del posconflicto en Colombia. No sólo se trata de saber qué, cómo y por qué hemos tenido una guerra prolongada y sin límites, sino de establecer las responsabilidades históricas del caso. Así lo ha entendido el Grupo de Memoria Histórica en las 30 recomendaciones contenidas en su informe general.
Quiero llamar la atención sobre la segunda de ellas (la primera es que el Estado reconozca su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos), que urge por la preservación, la protección y el acceso, según el caso, a los archivos de los organismos de seguridad del Estado.

La experiencia internacional demuestra que cuando se acercan los tiempos de la verdad, aun en contextos de amnistías, muchos organismos de seguridad tienden a ocultar o destruir sus archivos. En Guatemala, por ejemplo, la Policía Judicial le negó a las comisiones de verdad el acceso a archivos que pudieran dar cuenta de las misiones en las que participaron sus miembros. Años después, por azar, estos fueron encontrados en una bodega y han servido para establecer planes y misiones ordenadas por este organismo que derivaron en graves violaciones de derechos humanos.

No vamos tan lejos. Desde cuando se reabrió la investigación sobre la toma del Palacio de Justicia, los fiscales han tenido mil dificultades para acceder a los archivos de las brigadas involucradas en la retoma del Palacio. Aun así, han terminado encontrando por casualidad datos claves para entender qué paso en esos nefastos días de noviembre de 1985. La fiscal Ángela María Buitrago, por ejemplo, encontró la billetera baleada del magistrado Carlos Horacio Urán, dentro de una caja de cachivaches del B2 que nada tenían que ver con el caso. Esa pieza se volvió crucial para revaluar la idea de que Urán había muerto calcinado en el Palacio.

Para evitar que cada quien desaparezca a su antojo los archivos que le son inconvenientes, la Ley de Inteligencia aprobada en abril pasado ordena que se cree una comisión asesora que defina como depurar los archivos. Será presidida por la Procuraduría, y que en ella tengan asiento, además de los organismos de seguridad, miembros de la academia, la sociedad civil, y del Centro de Memoria Histórica le da cierta independencia. Su labor será crucial para determinar qué se debe destruir, qué se debe salvaguardar y qué archivos se deben abrir para que contribuyan a la memoria histórica del conflicto y al esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos. Aclarando, de paso, que el presidente tiene la facultad de abrir incluso archivos top-secret que contribuyan a este fin.

Lo malo es que esta comisión todavía no ha sido creada y el presidente debería convocarla de manera urgente antes de que el fuego dé cuenta, como ya ha pasado, de los documentos que desentrañan los momentos más oscuros de nuestra historia. Especialmente los de las décadas pasadas, cuando no había el mínimo control sobre ellos.

Hay archivos muertos, como los del DAS, que son materia de inquietud, dado que en el pasado hubo probada destrucción y manipulación de ellos, y hasta tráfico y venta a las organizaciones criminales. Los archivos de esta entidad se encuentran bajo custodia de los liquidadores, con apoyo de la Procuraduría, a la espera también de que llegue la hora de la depuración.

Estos documentos secretos, y por supuesto los que tiene el gobierno de Estados Unidos, que a juzgar por las revelaciones de Snowden son bastante jugosos, serán piezas claves para armar el rompecabezas de lo que ha ocurrido en este conflicto, cuyos días parecen estar contados.

Autor: Marta Ruiz

La desclasificación de archivos Ovni fue tema de discusión y análisis en un evento organizado por la Comisión de Estudios del Fenómeno Ovni de la República Argentina (Cefora) el 4 de agosto pasado en Los Polvorines, informó a AIM la ufóloga Silvia Simondini.

El “ovni” salteño.

En diálogo con esta Agencia, la especialista en el fenómeno Ovni expresó que el 4 de agosto pasado en Los Polvorines se realizó un evento, donde se hicieron presente más de 400 personas. Uno de los temas analizados fue la desclasificación de archivos Ovni.

Los asistentes se comprometieron a continuar con la campaña de recolección de firmas para un petitorio que le solicita al gobierno la desclasificación de los expedientes ovni en poder de las autoridades militares, políticas, científicas e institucionales. En ese contexto, se lograron recolectar más de 280 firmas.

Por primera vez, en un evento del fenómeno ovni, “contamos con la presencia de profesionales del campo científico, académico y militar”, destacó a AIM.

Más allá de las polémicas, la Sociedad General de Autores y Editores acumula miles de obras culturales desde el siglo XIX
Entramos al archivo de una institución con un legado construido a base de paciencia y que continúa creciendo

Un buen día de finales del siglo XIX le robaron la cartera al compositor Federico Chueca en el tranvía de Madrid. Cuenta la leyenda que los ladrones, al inspeccionar su botín, descubrieron una fotografía del maestro que les había inmortalizado en la Jota de los ratas, de la zarzuela La Gran Vía. Se dieron cuenta así de que habían hurtado al mismo hombre que les había dado buena fama, y decidieron devolverle el dinero con intereses y pedirle disculpas. “En la Biblioteca Nacional se conserva una carta que firman el primero, segundo y tercer ratas, que era como se llamaba a los ladrones, dirigida a Chueca”, explica María Luz González, directora del Centro de Documentación y Archivo (Cedoa) de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

En aquel momento, la zarzuela era la gran diversión de los españoles, “con una dimensión semejante a la que hoy en día tiene la televisión”, según Ignacio Jassa, documentalista y musicólogo de la SGAE. “Hace cien años, en un mismo día podía haber 50 funciones de zarzuela en Madrid. Y eso solo contando las que salían en la prensa, porque luego había teatros de barrio, como los de Prosperidad o Cuatro Caminos, que no aparecían. Era una época en la que había nacido poco tiempo atrás el sentido del ocio: la gente en España iba a la zarzuela, al frontón o a los toros”, añade su compañero Enrique Mejías, también musicólogo, además de copista.

Ante sus ojos pasan cada día miles y mi­­les de notas musicales de aquella época, de todo el siglo XX, que él pasa a limpio informáticamen­­te. De esa forma, cuando acude, por ejemplo, una orquesta al archivo para conseguir materiales para sus funciones, el Cedoa ofrece copias de las partituras para no estropear las originales, y de paso con mejor grafía que estas, a veces difíciles de leer. La experiencia de Mejías en ese trabajo de copista le llevó a descubrir recientemente el borrador del manuscrito original de La picaresca, zarzuela de dos actos de Francisco Asenjo Barbieri, en colaboración con Joaquín Gaztambide. “No tenía firma, pero cuando vi la letra la reconocí. He copiado mucha música de Barbieri y me di cuenta de que era su grafía. Cuando empezamos a mirar todos los papeles vimos que los nombres de los personajes de la zarzuela coincidían con los de La picaresca, aunque estaba todo totalmente desordenado y tuvimos que ir organizándolo desde cero”, explica Mejías.

“A veces descubrimos cosas que no sabíamos que teníamos. Es parte de nuestro trabajo, investigar en el archivo”, señala González, la directora del Cedoa. En el caso de Barbieri, un autor que acabó teniendo muchísima fama: “Fue un dios para la zarzuela. Jugar con fuego fue un exitazo con el que se hizo millonario. También con El barberillo de Lavapiés, que aún se sigue editando. Pero cuando escribióLa picaresca no tenía ni el éxito ni el dinero que acabó cosechando. Por eso la encontramos escrita en papel reaprovechado”. Es decir, en uno de peor calidad, donde por un lado estaba escrita la obra, y por el otro, el manuscrito de piano y canto. Un tesoro perdido hasta ahora.

Fotografías del archivo de la SGAE. / ALBERT JÓDAR

Mejías, su descubridor, señala: “Lo interesante es que ha resultado ser el borra­­dor del manuscrito original del propio Barbieri. Es un descubrimiento muy importante porque es una de sus primeras obras, una que no tuvo éxito en Madrid. Mucha de esta música la reutilizó en zarzuelas posteriores y, además, complementa las fuentes que de esta obra se tienen en el legado de Barbieri en la Biblioteca Nacional. Ellos tienen el manuscrito orquestal, y esto que aquí tenemos es el paso previo, lo que se denomina borrador. No tiene la importancia de El barberillo de Lavapiés o Pan y toros, que son las más famosas, pero su hallazgo demuestra el valor de este archivo”.

Hace veinte años que se creó el centro de documentación de la SGAE, con dos facetas: “Como lugar en el que tenemos que cuidar, catalogar, digitalizar, investigar nuestros fondos… y como archivo comercial”, explica González. Y no lo cuidan mal, pues conservan obras de muchos años, en ocasiones siglos, aunque sorprende que una mina de oro como la suya no tenga medidores de temperatura y humedad, o que los conservadores no utilicen guantes para manipular los documentos, al estilo de otros archivos culturales como, por ejemplo, el de Disney en Los Ángeles (Estados Unidos), que también almacena mucho papel generado a lo largo del siglo XX.
Y es que en ese momento, cuando nace la entonces Sociedad de Autores Españoles (SAE), el negocio estaba en manos de Florencio Fiscowich, un editor de origen suizo que había ido comprando fondos de editoriales: “Él obligaba a los autores a comprometer sus obras presentes y futuras, lo cual sería una barbaridad hoy en día”, explica la directora del Cedoa. “De ahí que a Sinesio Delgado (dramaturgo, periodista y director artístico de varios teatros) y a Ruperto Chapí (compositor de obras tan importantes como La revoltosa o Margarita la tornera) se les ocurrió la idea de que fueran los autores los que se administrasen a sí mismos. Chapín puso generosamente su archivo al servicio de la sociedad, y, a partir de ese momento, los socios fueron depositando sus obras”, añade. “Cuando alguien se hacía socio, los derechos de autor eran de él y no del editor. La sociedad administraba las obras, y los autores eran dueños para siempre: morales, por supuesto, y físicos, según marque la ley: antes eran 80 años, y ahora, 70”.La colección de la Sociedad empezó a finales del siglo XIX, cuando comenzaron a organizarse los autores y se asociaron. En 1899, “el negocio musical y teatral en España estaba formado por tres grupos: los dueños de las salas en las que se interpretaban las obras, los autores de las mismas y los intermediarios entre ambos, que eran los editores. Estos abusaban de su posición dominante mediante contratos de exclusividad con las salas y ataban a los autores con préstamos, a elevado interés, sobre sus obras escritas y las que pudieran escribir en el futuro”, cuenta la SGAE en su página web.

El archivo de la SGAE, que contiene alrededor de 12.000 zarzuelas y 35.000 obras sinfónicas, entre otras joyas. /ALBERT JÓDAR

El conflicto entre la Sociedad de Autores y Fiscowich duró dos años. Muchos autores que tenían contrato con el suizo y que, recordemos, habían comprometido sus obras presentes, pero también futuras, no podían romper sus compromisos. “A muchos se les ocurrió tirar por la vía de la colaboración con otro autor que perteneciera a la SAE. De esa manera podían gestionar la obra a través de la Sociedad de Autores. Otros se inventaban pseudónimos, así que de repente aparecía un tal Montero… que casualmente se parecía a Rafael Calleja, que tenía contrato con Fiscowich. En 1901, este finalmente claudicó y vendió su archivo a la SAE”, explica González. Hoy, la SAE se llama SGAE porque en 1932 se disolvió la primera y se creó la segunda, la Sociedad General de Autores de España, y luego, en 1995 pasó a llamarse Sociedad de General de Autores y Editores, manteniendo las mismas siglas.

El archivo madrileño de la SGAE –una sociedad que se ha visto salpicada por recientes escándalos en los últimos años– se ubica en el sótano del edificio que desde 1950 es conocido como el Palacio de Longoria, por haber pertenecido al banquero Javier González Longoria. En su interior, y en las sedes de Barcelona y Valencia, hay 12.000 zarzuelas; 1.800 partituras de orquesta; 35.000 obras sinfónicas… “Aunque habitualmente nuestras obras están fechadas desde el siglo XIX en adelante (incluidas muchísimas fotografías, música de los setenta y ochenta, como, por ejemplo, de Massiel…), también tenemos alguna del XVI al XVIII, bien por donaciones o por compra”, explican en el archivo.

Cuando tenemos varios archivos que pertenecen a una misma categoría, por ejemplo, fotografías o clips de audio, puede surgir la necesidad de tener que renombrar todos ellos a un nombre similar. Si es un número relativamente bajo de archivos, podemos modificarlos manualmente, pero si el número es alto, la tarea puede ser bastante molesta.

Gracias a un programa llamado RenameMaestro podremos renombrar listas de archivos de hasta 1 millón de archivos en segundos. RenameMaster es una aplicación para Windows totalmente gratuita que funciona en Windows XP, Vista y 7 de forma oficial, aunque también se ejecuta en el modo escritorio de Windows 8 sin dar ningún problema.

Podemos descargar RenameMaestro desde la página web del autor. Una vez descargado lo instalamos en nuestro sistema. Debemos prestar atención durante la instalación ya que nos pedirá instalar una barra de navegador y otro programa que no nos interesa.

Una vez terminada la instalación lo ejecutamos. Podremos ver la ventana principal dividida en 3 partes:

• En la parte izquierda tendremos los archivos originales. Podremos arrastrar los ficheros a este cuadro o añadir directamente archivos o carpetas a la lista desde el explorador de archivos.
• La parte central de la aplicación está reservada para el tipo de cambio de nombre que vamos a realizar. Podemos realizar un cambio simple, borrar texto, añadir texto, números, letras…
• En la parte derecha podremos ver una previsualización del nuevo nombre de los archivos.

Para renombrar los archivos, vamos a añadir una serie de archivos de texto que hemos creado para hacer la prueba. Una vez arrastrados al primer recuadro los veremos en forma de lista.

Según el resultado que queramos obtener podemos elegir una u otra opción, por ejemplo, la opción “simple rename” renombrará los archivos de forma numérica automáticamente (1, 2, 3, 4…). La opción “use file information” analizará los metadatos para sugerir el nombre más adecuado para el archivo y podremos ver el resultado en la parte derecha.

En nuestro caso, vamos a añadir antes del número el texto “Documento “. Para ello, seleccionaremos la opción “insert text”. Una vez seleccionada seleccionaremos la opción “beginning at…” para elegir “the start” para que añada el texto al inicio del nombre. A continuación escribiremos el texto que queremos añadir y lo veremos en vista previa a la derecha.

Pulsaremos sobre el icono con forma de disquete para guardar la configuración y a continuación sobre “rename” para renombrar los archivos. Tras apenas un segundo podremos ver los archivos con su nuevo nombre.

Autor: Rubén Velasco

El evento tendrá lugar en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario, del 15 al 18 de octubre.

San Luis Potosí, SLP.- Con la participación de más de mil expertos en archivos e información, tendrá lugar la XXXV Reunión Nacional de Archivos; evento organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Archivo General de la Nación, la CEGAIP y El Colegio de San Luis, A.C.

El evento tendrá lugar en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario, del 15 al 18 de octubre.

Del objetivo de la XXXV Reunión Nacional de Archivos, Aurora Gómez Galvarriato Freer, directora general del Archivo General de la Nación comentó: “El Archivo General de la Nación viene desarrollando este tipo de reuniones desde hace treinta y cinco años, cada año se reúnen archivistas de todo el país y gracias a ello hemos ido construyendo el Sistema Nacional de Archivos del país”

“La idea es homologar las prácticas archivísticas para conseguir que en México se sienten las mejores prácticas tanto para la organización de los archivos gubernamentales administrativos lo que contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas. También al gobierno eficaz, de gestión pública, y por otro lado la protección y difusión del patrimonio documental de la nación. En México es particularmente valioso, realmente somos un país extraordinariamente rico en materia de patrimonio documental por la larga historia con la que contamos”.

Sobre la elección de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como sede de este evento, la doctora Gómez Galvarriato indicó: “Generalmente en cada reunión varios estados se postulan para llevar a cabo la del siguiente año, y en este caso nos hicieron una excelente propuesta de parte de San Luis Potosí con la iniciativa de la CEGAIP que buscaron sinergia con la universidad, con El Colegio de San Luis, para convencerlos que era un lugar propicio y creo que así será”.

También se tomaron en cuenta los recursos, la importancia de los archivos en el estado, por la política de transparencia y la política de archivos, así como por la ubicación en el centro del país, “es accesible a muchos estados vecinos. Además en México existe un Consejo Nacional de Archivos, a partir de la Ley Federal de Archivos del año pasado y el representante de los archivos estatales de todo el país, es precisamente un potosino que lo ha impulsado”.