Santiago de Chile.- La dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) espió por años a los niños chilenos en sus propios colegios, según consta en 30.000 archivos secretos de ese régimen a los que accedió dpa.
“Iván Salinas organiza y agita a los alumnos, mandándolos a las marchas del hambre , realizadas en el centro de Santiago”, informó por ejemplo la otrora temida policía secreta, la Central Nacional de Informaciones (CNI) al Ministerio de Educación en mayo de 1983.
Salinas, quien al salir de su liceo siguió trabajando en su pastoral, figura en los archivos junto a los nombres de decenas de otros jóvenes como Diego Meza o Víctor Osorio, actual presidente del partido Izquierda Cristiana (IC).
“Impacta lo que sucedió esos años y los civiles de la derecha que apoyaron esto deben responder”, dijo hoy Osorio a dpa al conocer los archivos.
Estas operaciones, que abarcaron colegios religiosos, públicos y privados como la Alianza Francesa en 1988, fueron acompañadas por el despido masivo de profesores que pedían democracia y la capacitación de los funcionarios de Educación en guerra sicológica.
Las fichas con antecedentes políticos de menores y docentes elaboradas por la CNI llegaron de esta forma a las oficinas de los ministros, con las cartas firmadas por los delatores, en su mayoría profesores y apoderados que escribían directo a Pinochet.
La propia esposa del general, Lucía Hiriart, participó en este circuito de vigilancia, alertando por escrito en 1988 de la supuesta simpatía socialista del funcionario ministerial Humberto Vera de la austral región de Magallanes, por ejemplo.
“Fue nombrado directamente por la Presidencia”, la tranquilizó en respuesta el ministro de Educación de la época, Juan Antonio Guzmán.
Pero no todo fue represión en el intento por controlar el malestar de estudiantes y profesores, según los documentos secretos en poder de dpa.
Pinochet trató también de formar una juventud leal a su régimen, esfuerzo para el que contó con el apoyo de la policía secreta y civiles, entre ellos el actual ministro del Interior chileno, Andrés Chadwick, y el ex presidente de la Cámara Baja, el diputado Patricio Melero.
“Por expreso deseo de Su Excelencia el presidente de la República, se realizará durante la segunda semana del próximo período de vacaciones un Congreso Nacional de 1.000 dirigentes secundarios”, escribió el 30 de junio de 1982 ministro secretario general de Gobierno, brigadier Julio Bravo en el oficio 2000/4.
La iniciativa, comunicada al titular de Educación, Alvaro Arriagada, perduró en el tiempo y el 22 de agosto de 1983 el nuevo portavoz del régimen, el ministro Alfonso Márquez de La Plata, informó la realización de un segundo encuentro con escolares provenientes de 114 comunas.
Además del propio Pinochet, los oradores en la cita fueron el después asesinado senador Jaime Guzmán, el hoy ministro Chadwick y el diputado Melero, todos miembros fundadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el principal partido del gobierno de Sebastián Piñera hoy.
El esfuerzo por levantar un estudiantado leal, del cual existe registro hasta las postrimerías del régimen, fue apoyado además con el adoctrinamiento de los hijos de las autoridades y de los propios funcionarios, como consta en diversos oficios secretos.
Los hijos de ministros, viceministros y altos funcionarios recibieron de hecho cursos periódicos sobre “Seguridad Nacional” y “Doctrinas Totalitarias”, entre otros.
Sin embargo, contrariamente a los deseos del régimen, miles de jóvenes opositores agruparon fuerzas en torno a organizaciones como la AEM, el COEM, la ASEC y la FESES, en medio de una represión cuya primera víctima fue el escolar Mauricio Maigret de 17 años, abatido a tiros en 1984.
“Sí, en los liceos de Santiago la represión fue fuerte”, evocó a dpa el primer presidente de la entonces opositora Federación de Estudiantes Secundarios (FESE), Juan Alfaro.
En ese contexto, los funcionarios del Ministerio de Educación, a lo largo y ancho de todo el país, fueron enviados a cursos en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe).
En esa institución cursaron materias como seguridad nacional, geopolítica, guerra nuclear, poder naval, teología de la liberación y estudio crítico del marxismo, como consta en los oficios secretos.
Todas estas operaciones fueron finalmente parte de una acción coordinada entre el Ministerio de Educación y la policía secreta, la Central Nacional de Informaciones (CNI).
El Ministerio de Educación, de hecho, tenía asignadas tareas en el llamado “Plan de Guerra del Frente Interno”, las que coordinó a través de su Oficina de Seguridad, como reseñó el oficio reservado 02/36 del 16 de febrero de 1984.
Las comunicaciones con la CNI, responsable de cientos de asesinatos y miles de torturas, fueron así diarias y muchos de esos documentos fueron quemados, aunque quedaron las actas de incineración, firmadas por los propios ministros.
Entre 1975 y 1990, por orden escrita de Pinochet, refrendada en sucesivos oficios, la policía secreta quedó además a cargo de supervisar toda contratación en el Estado, incluida la de profesores.
Imbuidos de ese ánimo, y en medio de multitudinarias protestas de escolares y universitarios, los ministros Horacio Aranguiz, Sergio Gaete y Juan Antonio Guzman decidieron entre 1983 y 1989 comprarse pistolas Astra y pagar su permiso de porte con fondos fiscales.
Todo ello lo dejaron por escrito en oficios firmados por ellos mismos y timbrados como “Reservados”, revisados por dpa.
En ese marco, ningún docente pudo realizar clases en liceos públicos sin previamente ser investigado en secreto por la CNI, la que informaba los resultados de las pesquisas directamente a los ministros.
El control sobre el magisterio fue total y el propio Ministerio del Interior pidió a veces el pronunciamiento de Educación sobre la expulsión de docentes opositores, a través del viceministro del Interior, el hoy diputado Alberto Cardemil de Renovación Nacional.
Por ejemplo, Cardemil demandó en el oficio reservado 2464 del 14 de julio de 1986 definir medidas contra el profesor Benjamín Sierra de la Fuente del liceo fiscal A-2 de Arica, ciudad emplazada a unos 2.000 kilómetros de la capital en la frontera con el Perú.
Todas estas operaciones ocurrieron en paralelo a una masiva venta o traspaso de los colegios públicos a municipios o privados, incluso a bajo precio como alentó un oficio secreto del 26 de marzo de 1986.
El proceso devino en un jibarización del papel del Estado en la Educación.
De hecho, hoy en Chile, sólo un 36 por ciento de la matrícula escolar es proveída por el Estado, en establecimientos con malos resultados académicos mayoritariamente, según mediciones oficiales.
Las universidades públicas también son pagadas en miles de dólares anuales, producto heredado por la democracias de la intervención de la dictadura en su estructura y sistema de financiamiento.
En 2006 primero y luego desde 2011 a la fecha, cientos de miles de estudiantes y colegios salieron a marchar exigiendo educación gratuita y de calidad, tema central en el debate político actual, cuyo telón de fondo son los comicios presidenciales de noviembre. (NA)
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