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¿Está destruyendo Francia de manera activa el archivo del exilio español sin que actúen las autoridades españolas competentes en materia de memoria histórica? El archivo departamental de Haute Garonne, donde se sitúa Toulouse, la denominada “capital del exilio español” por el alto número de republicanos que se instalaron en esta sureña ciudad francesa a partir de 1939, es una de las principales fuentes de consulta de los historiadores e investigadores interesados en esta época. Un artículo del diario Abc afirmando que la institución había destruido “de forma masiva y aleatoria las fichas policiales y judiciales” de los refugiados españoles sin que haya actuado el Gobierno de Pedro Sánchez ha suscitado polémica en España. Salvo que, según la directora de los Archivos, Anne Goulet, la historia se remonta a otra época, a la era del Gobierno de José María Aznar y antes en cualquier caso de la aprobación de la Ley de la memoria histórica.
“La destrucción de esos artículos se remonta a más de 20 años, en 1997-1998, y no en 2019” y además “solo concernió a documentos administrativos y no judiciales o policiales”, precisó Goulet a EL PAÍS. La destrucción de documentos no iba destinada exclusivamente a los archivos de republicanos, sino que se trataba de “expedientes de extranjeros, expediciones de permisos de residencia” y fue una respuesta a la “necesaria clasificación de almacenes de archivos con el objetivo de acoger nuevos fondos”, aclaró por escrito. La medida fue realizada siguiendo una “nota de los Archivos de Francia” del 12 de abril de 1991 y una instrucción de los ministerios de Cultura e Interior del 5 de julio de 1994 “recomendando el muestreo de los expedientes de extranjeros”. En conversación telefónica, Goulet rechazó que estuvieran obligados a consultar a Madrid antes de dar este paso que, de todos modos, sucedió una década antes de que se aprobara la Ley de la memoria histórica, en 2007.
“El procedimiento es pedir autorización a los servicios que nos han proporcionado los documentos. No tenemos que pedir la autorización del Gobierno español, sobre todo porque se trata de expedientes extranjeros, no de españoles, había otras nacionalidades y no vamos a pedirle autorización a cada uno de los gobiernos, esto no funciona así”, zanjó. En todo caso, Goulet manifestó su pesar por lo que pueda haber supuesto la destrucción de dichos documentos en materia de memoria histórica.
“Lamentamos que esta operación de clasificación haya sido realizada sin discernimiento, en detrimento de la memoria de la comunidad española ampliamente representada en Haut-Garonne y de este evento trágico de la historia española”, indicó. Los archivos departamentales conservan en todo caso “numerosas otras fuentes sobre este periodo y especialmente sobre el exilio republicano que —aseveró Goulet— no han sido ni serán destruidos”. La política al respecto ha variado de forma sensible en las últimas décadas, aseveró. “Desde los años 2000, los archivos departamentales hacen todo lo posible para asegurar la preservación en las mejores condiciones de todos los documentos relativos a este periodo”, dijo.
La noticia de la supuesta destrucción reciente de archivos había sorprendido a los historiadores y asociaciones del exilio republicano en Francia. Sobre todo porque las fichas judiciales son muy importantes en una época como en 1939, cuando entraron en Francia con La Retirada casi medio millón de refugiados españoles y las autoridades de Toulouse estaban bajo el régimen de Vichy que colaboraba con las fuerzas de Franco. “Es una documentación necesaria para la historia española y también para comprender muchas cosas, para ver las relaciones franco-españolas de aquel momento”, comentó la periodista Evelyn Mesquida, autora de La Nueve. Los españoles que liberaron París, y que está a punto de publicar otro libro sobre los republicanos españoles en la Resistencia. La que probablemente sea la historiadora de referencia de esta época, Geneviève Dreyfus-Armand, también manifestó su extrañeza ante la relevancia de los documentos presuntamente destruidos y la forma en que supuestamente se había realizado. “En todos los archivos públicos del mundo democrático siempre hay eliminaciones de archivos porque hay una cantidad exponencial de ellos, pero en Francia son muy controladas y obedecen a reglas muy precisas”, señaló.
En un comunicado, el Ministerio de Cultura y Deporte explicó este lunes que el Gobierno no tiene constancia de estas destrucciones y, tras solicitar información al Servicio Interministerial de Archivos de Francia (SIAF), este organismo ha señalado que el caso está siendo objeto de investigación y ha solicitado un informe oficial al respecto. El comunicado de Cultura destaca también la estrecha colaboración entre ambos Gobiernos en materia de patrimonio documental de los dos países. En ese sentido, recuerda la firma de un acuerdo para desarrollar un programa relativo a los archivos de la Guerra Civil española, del exilio, de la resistencia y de la deportación.
Con independencia del contenido de la respuesta solicitada al SIAF, el ministerio recuerda que el expurgo de documentos está sujeto a una normativa rigurosa de eliminación y , en el caso de valor histórico, conlleva la copia digital del documento.
