Gutmaro Gómez Bravo lleva décadas estudiando lo que ocurrió en España antes, durante y después de que la Guerra Civil enfrentara a vecinos, hermanos y amigos, dejando un inmenso reguero de sangre. Por eso, la idea de que el Ministerio de Defensa se decida a desclasificar documentos militares de aquellos años infernales, le parece a este profesor de Historia Contemporánea de la Complutense el mejor de los regalos.
Para él, como para buena parte de la familia de investigadores de este país que se han dejado las pestañas estudiando aquella época, la situación y gestión de muchos de esos archivos es algo difícil de entender. «Es complicado explicar lo que llega a sentir uno sabiendo que están ahí y que no se pueden consultar. De algún modo, siempre tienes la impresión de que te falta algo. Por eso, la desclasificación de esos documentos es la mejor de las noticias, la llave que abre la puerta a la validación de muchos trabajos en algunos casos y el estímulo que anima a seguir e, incluso, a corregir si es necesario», dice quien atesora más de media docena de libros que analizan aquella época, ahora que Defensa ha decidido abrir 500 cajas del Archivo Militar de Ávila con documentación anterior a 1968.
Gómez Bravo asegura que, de poder acceder a ese enorme armario repleto de secretos, él iría de cabeza a consultar todos los documentos relacionados con la coordinación del golpe de Estado de 1936 a nivel territorial. «Eso tiene tela; es muy importante porque ahora sabemos que aquí o allí triunfaron unos u otros por diversas razones, pero son básicamente razones ideológicas. Acceder a esa documentación, que no es propaganda sino material de trabajo de aquel momento, desvelaría muchas incógnitas. Desde el funcionamiento, a las armas utilizadas, la financiación… Es fundamental manejar información sin contaminar porque eso es irrefutable, más allá de que, cada cual, haga luego la lectura que considere».
Ni él, ni colegas como Jorge Marco, se explican por qué, si en todos los países modernos está perfectamente regulado por ley este asunto, en España investigar determinados periodos recientes de nuestra historia es sumirse en una horrible pesadilla.
Reino Unido, todo facilidades
«El problema es que en España no disponemos de una ley que obligue a ir desclasificando documentos como ocurre en otros países. Aquí depende del gobierno de turno, sea del signo que sea. Y eso, aunque quieran percibirlo así, es una clara vulneración de los derechos de los ciudadanos. Es lógico pensar que debe haber cierto control sobre determinados documentos por razones de seguridad, pero estamos hablando de información que nada tienen que ver con eso», afirma Marco, profesor de Política y Estudios Internacionales en la Universidad de Bath (Reino Unido).
El historiador madrileño, experto en la violencia y la memoria de la Guerra Civil, asegura que se podría escribir un libro sobre las aventuras y desventuras de un investigador en España. «Realizando mi tesis estuve tres años intentando por todos los medios llegar a unos documentos y finalmente lo conseguí gracias a una suerte de cadena de contactos. Eso es inaceptable. En el Reino Unido voy al Foreign Office, saludo y consulto lo que quiero».
Él, si hoy le abrieran a la puerta a todo eso que lleva décadas bajo llave, iría directo a los archivos del Ministerio de Interior para investigar sobre la Brigada Político Social, vinculada a la Dirección General de Seguridad. «Llevo años intentándolo sin conseguirlo. En la época de Zapatero, el equipo de investigación del que formaba parte llegó incluso a reunirse con personas muy cercanas al presidente, pero nada. Una y otra vez nos repetían que aquellos documentos no estaban catalogados… y punto».
Marco, que nació en 1977, dos años después de la muerte de Franco, no entiende a quienes alimentan la idea de que recordar el pasado puede abrir viejas heridas, especialmente cuando muchos, como él o la profesora de la Universidad de Cantabria Rebeca Saavedra, pertenecen a una generación que no mira con rencor al pasado.
Bombardear el arte
Saavedra tampoco entiende que todos esos fondos, no solo los del Archivo Militar de Ávila, sino los que se atesoran en los ministerios de Interior, Exteriores, Defensa, Hacienda… de la Guardia Civil, la Policía… no estén al alcance de los ciudadanos. «Analizar esos archivos es la única manera de dar solvencia a tu trabajo», dice esta historiadora a la que le encantaría poder consultar las órdenes de bombardear diferentes objetivos en los últimos años de la guerra.
Autora del libro ‘Destruir y proteger. El patrimonio histórico artístico durante la Guerra Civil’, mantiene que conocer si se dieron órdenes de bombardear las rutas establecidas para la salida del patrimonio, si se hizo sabiendo lo que estaba en juego, o no, aclararía mucho las cosas. «Es vital que los fondos sean accesibles; que se abran. Ningún historiador puede pensar lo contrario».
Aquí las cosas no funcionan como deberían. Cada año, muchos historiadores españoles esperan con ansia la desclasificación de documentos secretos que de forma automática aplica el Gobierno británico. En el reino de Isabel II todos los archivos son públicos a partir de 30 años, y gracias a ellos supimos que Franco censuró el accidente nuclear de Palomares (Almería, 1966) o tuvimos noticias de la cooperación del franquismo con Hitler en lo que se bautizó como ‘Operación Carne Picada’.
«Necesitamos pruebas»
«Los historiadores necesitamos pruebas demostrativas y esas pruebas están ahí, en los archivos militares, en los de los organismos de la función pública, de la policía… son tan importantes como que, sin ellos, muchas veces no hay nada. ¿Qué deberíamos tener? Una buena ley es clave, decisiva para conservar con buena salud una democracia. Con garantías de seguridad, claro, pero es la condición para conservar la verdad», afirma Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea con una lista de reconocimientos (incluido el Premio Nacional de Historia) casi tan larga como el de publicaciones en las que bucea en la insurrección militar española de 1936, las dimensiones internacionales de la Guerra Civil o la figura del dictador.
UN DERECHO MUY LIMITADO
Lo que dice la ley. La Ley de Transparencia, en su artículo 12, declara el principio del derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, muy poco más allá, en el artículo 14, se encarga de fijar los «límites al derecho de acceso» y la lista de materias reservadas es larga. «El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, [.] los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria [.], la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, o la protección del medio ambiente».
Él (que ha acuñado eso de que «en el hoy están los ayeres» que repite cada año a sus alumnos, y que no ha tenido problema en afirmar que, si odias mucho a Franco, deberías dedicarte a estudiar música porque no sirves para historiador) reconoce con resignación que a ningún gobierno este asunto le ha parecido una prioridad. «Durante años, para acceder a determinados documentos había que contar con el permiso de tal o cual político o militar y, si el asunto estaba depositado en un archivo provincial, con el beneplácito del responsable de Cultura de turno de la Diputación. Ese no debería ser el criterio. Los archivos son nuestros laboratorios. Los cuadros se pintan con pequeñas pinceladas; hay que conocer muchas pequeñas cosas para saber qué pasó».
Su sueño sería poder acceder a las cartas que Franco escribió a Hitler, Mussolini y Oliveira Salazar, algunas durante la guerra. «No es solo saber qué dice, sino cómo lo dice. La forma, la palabra exacta con la que se refiere al enemigo, si hay algo corregido… Todo eso es importante porque puede abrir muchas puertas. Es fundamental colocarse ante las reliquias del pasado. Reliquia, al fin y al cabo, significa aquello que permanece».
Autor: IRMA CUESTA
